La Banca en España, 1782-2018

El impulso para la conformación de un sistema bancario nacional surgió en España a finales del siglo XVIII. El primer banco español fue el Banco de San Carlos, creado de la mano del francés Francisco Cabarrús y constituido por Real Cédula de Carlos III otorgada el 2 de junio de 1782. El capital de este banco se conformó gracias a la participaron de la nobleza privilegiada y de un conjunto de instituciones (hospitales, cofradías, capellanías) propias del Antiguo Régimen, que fueron instadas a colaborar (Tedde de Lorca 1988, pp.81-87) (Tortella Casares 1986). Desde finales del siglo XVIII esta institución puso a circular los denominados vales reales y también realizó dos emisiones de cédulas al portador en 1783 con escaso éxito (Tedde de Lorca 1988, pp.251-260). Los vales sufrieron un rápido proceso de depreciación y el Banco de San Carlos terminó su existencia dando vida a una nueva institución que se creó en 1829, el Banco Español de San Fernando. En términos nominales este último estimaba la deuda que heredaba de su predecesor en unos 300 millones de reales (Tedde de Lorca 1999), de manera que sus orígenes se iniciaron lastrados por la fracasada experiencia anterior. El Banco de San Fernando fue creado a partir de la Real Cédula de 9 de julio de 1829 y el Reglamento de 6 de agosto de 1832. Realizó su actividad prácticamente de forma exclusiva como prestamista del estado y con escasa actividad en la financiación del sector privado. Los billetes que emitió circularon escasamente por todo el país a través de la red de corresponsales hasta que se crearon las primeras sucursales en Valencia y Alicante en 1858.

Estas primeras experiencias han sido consideradas como el inicio de la “revolución financiera”[1] en España aunque su concreción se produjo a partir de los gobiernos progresistas (Cuevas 2018, p.191). Entre la muerte de Fernando VII en 1833 y la caída de Espartero y la asunción al trono de Isabel II en 1843, España padeció un periodo de inestabilidad y guerras internas. A partir de 1844 nuevos proyectos bancarios se desarrollaron en España, iniciando un proceso de pluralidad de emisión que se presentará en tres etapas: la primera hasta 1856 (cuando se promulgaron las leyes liberales de bancos de emisión y sociedades de crédito); la segunda desde 1856 hasta la crisis financiera de 1866 y la tercera desde esa fecha hasta la ley de 1874 que suprimió la pluralidad de emisión e instauró el monopolio de emisión en las manos del Banco de España.

La segunda etapa comenzó en enero de 1856, cuando la ley de bancos y sociedades de crédito modificó el mapa bancario español favoreciendo la creación de sociedades y bancos de emisión en diferentes provincias. Uno de los argumentos ofrecidos fue que el Banco de San Fernando no había sido capaz de responder a las necesidades de crédito[1]. Este argumento respondía a la inacción de la institución, que durante el periodo anterior mantuvo su sede en Madrid sin apenas establecer una red territorial que facilitara los medios de pagos en la provincia. La ley de bancos y sociedades de crédito fue producto del bienio progresista (1854-56), periodo conocido por la voluntad reguladora de sus gobiernos. Dicha ley se sumó a la “Ley General de Caminos de Hierro” y a la “Ley General de Desamortización”, ambas de 1855. Este conjunto de regulaciones desató en la península una década de fiebre bancaria. Hasta 1864 se crearon 18 bancos provinciales y en 1866 existían 36 sociedades de crédito (y una en liquidación). En 1856 el Banco de San Fernando cambió su nombre por el de Banco de España y en 1860 tenía un capital nominal de 20 millones de pesetas, siendo el banco más grande de todos los emisores.

El periodo comprendido entre 1856 y 1866 fue un periodo de crecimiento de los negocios en todo el país. Muchos de ellos vinculados con la expansión ferroviaria (las inversiones en la red ferroviaria se multiplicaron por 8 en ese periodo (Herranz Loncán 2004, p.133)) pero también con las compañías industriales y de comercio. El gobierno, sin embargo, mantuvo una situación de práctica bancarrota siendo incapaz de cumplir con sus compromisos interiores y exteriores. El banco de España era incapaz de responder a las necesidades del Tesoro de modo que el gobierno buscó en el exterior una solución. La solución fue un acuerdo con la compañía inglesa Overend Gurney &Co. El acuerdo era la obtención de un empréstito a cambio de la creación de un banco nacional que unificase la emisión y la monopolizase en manos de esta compañía. Sin embargo, el “10 de mayo de 1866, un día después de que la comisión de las Cortes introdujo el proyecto de ley para la creación de un Banco Nacional, Overend, Gurney & Co. se declaró en suspensión de pagos, ante el estupor de los medios de negocios de la City, para no abrir sus puertas nunca más”(Tortella Casares 1973, p.279). Las esperanzas del gobierno español se hicieron añicos.

La situación se complicó con el estallido de la crisis de 1866. Las sociedades de crédito habían desarrollado sus actividades no siempre con el capital necesario ni tampoco con las garantías suficientemente sólidas. Las dificultades, sin embargo, habían comenzado a aparecer con anterioridad y no eran exclusivamente españolas. A finales de 1863 la guerra en los Estados Unidos y conflictos en el continente europeo incidieron en un incremento de los tipos de interés del Banco de Inglaterra. En España en 1864 se dejaron sentir los efectos de la crisis con la suspensión de pagos de la Compañía General de Crédito y con la caída de las acciones y obligaciones de las compañías ferroviarias. En mayo de 1866 estalló la crisis bancaria. El rendimiento de los ferrocarriles no estaba siendo el esperado, las compañías habían emitido muchas obligaciones para financiar su construcción y la rentabilidad del ferrocarril no alcanzaba a cubrir el pago de los intereses comprometidos. Las compañías de crédito que estaban detrás de la financiación del ferrocarril no resistieron el embate y la mayoría sufrieron un golpe del que no se levantaron.

Tras la crisis de 1866 se inició la tercera etapa del periodo de pluralidad de emisor. El sistema bancario quedó claramente debilitado y en 1867 una nueva ley vino a complejizar el panorama que existía. Si hasta entonces la banca emisora había requerido de un privilegio otorgado por el Estado, la ley de 19 de octubre de 1869 declaraba libre la creación de Bancos Territoriales, agrícolas, de emisión y descuento, y de Sociedades de crédito, entre otras formas de asociación económica. El entonces ministro de Fomento, José Echegaray, suscribía dicha ley evidenciando el camino errático tomado por el ejecutivo: tras la fracasada misión de conformar un banco que monopolizase la emisión en una firma extranjera, ahora favorecía la libertad total para la creación de bancos emisores. La ley limitaba, eso sí, la competencia bancaria en aquellas plazas donde todavía sobrevivían bancos emisores de la etapa anterior.

Esta ley llegó en un momento convulso en la historia de España. En 1868 se había producido la revolución que destronó a la reina Isabel II, que buscó un nuevo rey (Amadeo de Saboya) y que finalmente concluyó con la declaración de la República en febrero de 1873. La república tuvo una vida efímera y en diciembre 1874 un pronunciamiento militar restauró la monarquía en la figura del hijo de Isabel II, Alfonso XII. El nuevo régimen no dejaba de tener necesidades financieras, de modo que el 19 de marzo de 1874, el propio Echegaray (ahora ministro de Hacienda) promulgó un decreto que convertía al Banco de España en un banco nacional de emisión que monopolizaba la circulación fiduciaria. Los bancos emisores que habían sobrevivido a la crisis de 1866 debían decidir entre perder su privilegio y continuar como bancos comerciales o ser absorbidos por el Banco de España. Sólo cinco bancos decidieron continuar como bancos independientes: los bancos de Barcelona, Tarragona, Reus, Santander y Bilbao.

El decreto de 19 de marzo de 1974 estableció en 100 millones de pesetas el capital del Banco de España, el límite de la emisión se situó en cinco veces el capital efectivo y el encaje en el 25%. Estaba previsto que estos topes se modificaran, como así lo hicieron en los años siguientes. El periodo que se inicia con este decreto que puso en manos del Banco de España el monopolio de emisión significó la configuración del sistema bancario español y puede ser dividido a su vez en tres etapas: una inicial que abarcaría hasta 1898, con la pérdida colonial; una segunda hasta la modificación regulatoria hecha por Cambó a inicios de la década y tras la quiebra de uno de los bancos más decanos de la península (el de Barcelona) y la tercera que llegaría hasta la guerra civil.

Durante el periodo que abarca hasta fines del siglo XIX el Banco de España fue extendiendo su capacidad emisora por todo el territorio. Inicialmente los billetes estaban domiciliados en cada sucursal, pero a partir de 1884, cuando se estableció el servicio general de transferencias, se logró culminar un largo proceso de integración del mercado monetario español (Castañeda 2001). Los billetes del banco de España fueron extendiéndose por toda la geografía nacional y el banco de España amplió su capacidad emisora (así como su capital) y fue configurándose en una institución financiera de carácter nacional (Martín-Aceña et al. 2013a). Su papel como banco central comenzará a conformarse a partir de la década de 1920 y se consolidará después de la guerra civil.

La evolución de la banca española desde 1874 hasta 1900 estuvo caracterizada por la expansión tanto de las entidades bancarias como de la actividad propia de las mismas. La intermediación financiera se extendió por toda la geografía regional. La relación de los activos financieros respecto al PIB estaba en torno al 8% en 1873 y se cuadruplicó a inicios del siglo XX (Blasco-Martel y Sudrià 2016).

Con la llegada del siglo XX se inició en España un ciclo de crecimiento económico y financiero. Tal expansión estuvo marcada por tres circunstancias: el retorno de capitales americanos tras la finalización de las guerras coloniales, la estabilización monetaria y presupuestaria del Ministro de Hacienda Raimundo Fernández Villaverde, y una nueva oleada de fundación de bancos. La particularidad de estas nuevas sociedades anónimas bancarias fue su carácter universal o mixto, es decir, que combinaban la financiación mercantil a corto y medio plazo con la gestión de una creciente cartera de valores públicos y privados. Una parte de estos nuevos bancos -entre 1900 y 1914 se crearon alrededor de 50- provenían de casas de banca comerciales o familiares que alcanzaron en estos años la condición de sociedad anónima bancaria. Además, otra característica de los nuevos bancos fue su aparición en prácticamente toda la geografía nacional.

La diferencia esencial con la banca anterior fue su dimensión, ya que en estos primeros años del siglo surgieron sociedades bancarias mucho mayores que las hasta hora existentes. En 1901 se fundó el Banco Hispano Americano, donde la iniciativa de Antonio Basagoiti y otros empresarios españoles de América fue esencial. Un año después lo hizo el Banco Español de Crédito, fruto de la reorganización del anterior Crédito Mobiliario de origen francés. La nómina continuó por los bancos fundados en el País Vasco, la región con un proceso de industrialización más intensivo en capital y más integrado en los mercados internacionales. Allí nacieron el Banco de Vizcaya y el Crédito de la Unión Minera, ambos en 1901, El Guipuzcoano y el Banco de Vitoria, 1900, así como otros tantos en la cornisa cantábrica, desde Gijón, a Santander y Galicia. También en la Castilla central o en la vertiente mediterránea se fundaron nuevos bancos (Banco Castellano, Zaragozano, el Banco de Valencia, etc.). Los mayores bancos siguieron el ejemplo del Banco de España años antes y se lanzaron a crear una red de sucursales por todo el país, atrayendo recursos ajenos en una cantidad apreciable que les ponía en ventaja competitiva frente a las entidades menores sin redes de sucursales. Estos grandes bancos, además, contaban con conexiones exteriores (México, París o Londres) a través de corresponsales o sucursales. En todo caso, la expansión de la banca privada fue enorme, tanto en cuanto a captación de pasivos como a la inversión comercial e industrial y de cartera, en buena medida de deuda pública pero también de empresas industriales y de servicios, como muestra las cifras adjuntas. Aunque no todo el proceso tuvo un signo positivo, ya que junto a la apertura de nuevos bancos también se produjeron bajas y dificultades: entre 1900 y 1914, 20 bancos fueron liquidados, entre ellos once que habían nacido entre 1900 y 1901, generalmente de capital escaso y deficiente gestión.

En 1900 existían 65 cajas de ahorros, aun consideradas institutos de beneficencia, y las regiones donde tuvieron más peso fueron Cataluña y Valencia, aunque como se ha dicho, se extendieron por todo el país bajo la iniciativa de Ayuntamientos, asociaciones benéficas, religiosas, Diputaciones provinciales, etc. Su influencia creció desde 1908 por la necesidad del Estado de extender las primeras políticas sociales y de asistencia, proceso en el que las cajas de ahorros pusieron su red de entidades al servicio del denominado Instituto Nacional de Previsión, creado en 1908. Éste, conjuntamente con las cajas, organizó programas sociales y de construcción de viviendas baratas, así como la puesta en marcha de los primeros seguros laborales. La expansión de este tipo de entidades fue tal (sobre todo en las grandes ciudades conde captaban el ahorro de la creciente clase obrera) que hacia 1914 manejaban un volumen de recursos igual al 20% de los depósitos del sistema financiero.

Sin duda, el hecho que impulsó de forma definitiva la formación del sistema financiero nacional fue la neutralidad española durante la IGM. Por un lado, el aumento de la actividad económica y empresarial, también las exportaciones de bienes y servicios, generó un flujo de ahorro muy significativo, lo que permitió un excedente en la balanza de pagos y la entrada de oro y divisas que hizo aumentar la actividad crediticia. En segundo lugar, los beneficios empresariales fueron elevados, y en muchos de ellos la banca española tenía participación. De tal forma que se produjo una segunda oleada expansiva del negocio bancario: de los 93 bancos existentes en 1922, 49 se habían creado entre 1914 y 1920, creciendo el volumen de recursos y capital bancario desembolsado. Se intensificó, además, el ritmo de apertura de sucursales por todo el país, sobre todo de los grandes bancos madrileños y vascos, aunque también en otras regiones aumentó el número de bancos locales, con vínculos empresariales de cada zona. Se crearon además entidades importantes, como el Banco Urquijo (1918) y el Banco Central (1920), que junto a los antes mencionados (Vizcaya, Hispano, Español de Crédito) y el Bilbao, constituyeron un núcleo dominante con numerosas vinculaciones industriales. Estas se vieron favorecidas por los beneficios de la guerra, pero también por las facilidades que el Banco de España les ofrecía para redescontar la abundante deuda pública de sus carteras a cambio de liquidez.

También en el período entreguerras se produjeron dos circunstancias añadidas a la expansión de la banca privada: por un lado, la enorme expansión del ahorro popular representado por las cajas de ahorros, y, por otro, el surgimiento de entidades oficiales, es decir, de bancos públicos. Primeramente, las cajas crecieron en número y magnitud: en 1919 existían en España 101 cajas de ahorros, 155 en 1924 y 216 en 1929. Esta expansión no fue homogénea geográficamente, pero generalizó el uso de nuevos instrumentos de pequeño ahorro entre la población El crecimiento de los depósitos de ahorro (sumados a las secciones de ahorro que la banca creó para competir en las grandes ciudades con las cajas) fue tal que a final de la década habían aumentado significativamente su cuota de mercado. Sus actividades principales se orientaban hacia el préstamo, sobre todo hipotecario, urbano y rústico, y la compra de valores. Entre ellos destacaba la deuda pública, cuya inversión era obligada desde el Real Decreto Ley de 1926, que inauguraba una larga relación represiva entre la política económica y fiscal de los gobiernos, y la utilización de los balances de las cajas de ahorros para llevarla adelante. Una última consideración importante se refiere a la creación en 1928 de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), órgano corporativo y sectorial de estas entidades que hasta nuestros días subsiste como tal.

Por su parte, la banca oficial nació, exceptuando el Banco Hipotecario de España (1872), en estos años, en el contexto del ciclo inversor de la década, y con un origen generalmente vinculado a iniciativas privadas que obtenían la protección y aval del Estado para sus actividades: Banco de Crédito Industrial, 1920, Banco de Crédito Local, 1925, Servicio Nacional de Crédito Agrícola, 1926, Banco Exterior de España, 1929, y Caja Central del Crédito Marítimo y Pesquero, 1935, transformada años después en el Crédito Social Pesquero. Todos ellos se especializaron en el crédito a largo plazo y llegaron alcanzar una dimensión significativa; en 1935 disponían de algo más del 20% de los recursos totales de la banca española, con especial peso del Banco Hipotecario.

La expansión económica y bancaria llegó a su fin en 1930, en el contexto de la crisis internacional de 1929. Aunque la crisis no tuvo en España la entidad de otros países, el cambio de régimen político con la llegada de la II República en 1931 propició un clima de incertidumbre que incidió en la evolución bancaria. En primer lugar, porque se produjo una primera y masiva retirada de depósitos, que se redujeron en un 20%, en parte explicable a la huida de capitales producida por el cambio de régimen político. Entre los años siguientes hasta el inicio de la guerra civil en 1936 la actividad bancaria se estancó y retrocedió ligeramente, tanto en actividades crediticias como en las cuentas de pasivo. La única partida que aumentó en la coyuntura fue la de la cartera de deuda pública. Esto se debe a su carácter pignorable en el Banco de España, lo que actuó como protector contra los problemas de liquidez que pudieran aparecer. Además, el descenso de recursos ajenos continuó, lo que llevó a la suspensión de pagos de algunos bancos, todo ellos de tamaño pequeño y medio.

La Guerra Civil (1936-1939) supuso no solo una ruptura física del sistema bancario sino también implicó una escisión legal. Tanto en la zona que fue quedando en manos de los que se habían revelado en armas el 18 de julio de 1936 como la que continuó bajo el orden legal republicano, quedaron suspendidas todas las disposiciones normativas hasta entonces existentes y, en cada una de estas zonas, se fueron aprobando distintas medidas de excepción conforme lo iban exigiendo las circunstancias producidas por la guerra. El sistema monetario y bancario quedó escindido en dos; aparecieron dos pesetas distintas; se bloquearon las cuentas corrientes y las imposiciones a plazo. La República mantuvo en su poder la capital el Estado y, gracias a ello, todo el aparato administrativo anterior al 18 de julio, también la sede del Banco de España y sus reservas de oro, así como las centrales de las más importantes entidades bancarias del país. Sin embargo, el gobierno republicano se vio obligado a adoptar un creciente intervencionismo motivado por su soledad financiera internacional, por el curso adverso de la guerra y, sobre todo, por la diáspora de técnicos, directivos y consejeros bancarios, que amenazaba con colapsar el sistema financiero republicano por falta de gestores. Ante esta crítica situación, la administración republicana optó por controlar el sistema bancario hasta convertirlo de hecho en un mero apéndice del Ministerio de Hacienda. Por el lado rebelde, cuya sede de gobierno se estableció en Burgos, el 20 de agosto de 1936 se creó el Comité Nacional de la Banca Española, dirigido por Pablo Garnica Echevarría, siendo su función la de articular una completa estructura bancaria subordinada a las necesidades de la Junta de Defensa. Se suprimió el Consejo Superior Bancario, que fue sustituido por el Consejo Nacional de Crédito y, en 1938, por el Comité Central de la Banca española (Sánchez Asiaín, 2014).

Una vez finalizada la guerra, el problema que se planteó fue el de cómo reunificar el sistema monetario y crediticio al tiempo que se absorbían las pérdidas ocasionadas por la contienda. La Ley de 25 de agosto de 1939 procedió a disolver el Comité de Moneda Extranjera, creando un organismo autónomo, el Instituto Español de Moneda Extranjera, que pasó a controlar todas las cuestiones referentes a la política de cambios. La Ley de 9 de noviembre de 1939 declaró el billete como medio de pago con pleno poder liberatorio, suspendiendo el sistema de garantías metálicas que provenía de la Ley de Ordenación Bancaria de 1921. La Ley de Desbloqueo de 7 de diciembre de 1939 trató de restablecer la comunidad monetaria con la unificación de la moneda nacional utilizando, para ello, una tabla de reconversión que penalizó a los tenedores de depósitos en “pesetas republicanas”. Toda esta tarea legislativa culminó en la Ley de Ordenación bancaria de 1946, que se caracterizó por acentuar una fuerte intervención del Estado en la banca, regulando fuertemente las fundaciones, las fusiones y las absorciones de los bancos, y todo ello con el triple objetivo de mantener estable el número de establecimientos (statu quo bancario), de dificultar el afianzamiento de la banca extranjera y de restringir una competencia que, no obstante, en cuanto a la captación de pasivo se refiere, siguió teniendo lugar por medio de un crecimiento de las redes de sucursales y por medio de las absorciones. Entre 1940 y 1956 los cinco mayores bancos del país absorbieron 61 bancos, y su red total de sucursales paso de 959 a 1619. Por otro lado, el Banco de España, quedó sujeto a un fuerte control estatal y relegado, casi en exclusiva, a desempeñar el papel de banco emisor; mientras, la política monetaria quedó en manos del Ministerio de Hacienda.

Con la Ley bancaria de 1946 se acentuó sobremanera el intervencionismo estatal y el aislamiento del sector bancario de la competencia exterior. Durante la década de los cincuenta este intervencionismo, incluso, se enfatizó aún más, por un lado, por el peso y el empuje que se concedió al crédito oficial, y, por otro lado, por la política de canalización de los recursos disponibles hacia proyectos de fomento considerados de interés nacional. Con el Banco de España relegado a su función emisora, el desarrollismo autárquico predominante en las dos décadas siguientes al fin de la Guerra Civil fue el cometido de un Estado y de una banca muy comprometida en la tarea de la industrialización de un país asentado en una economía centrada en la sustitución de importaciones. Una consecuencia de esta política autárquica fue la enorme inflación, que contribuyó al déficit de la balanza de pagos y al agotamiento de las reservas de divisas.

A partir de 1957 tuvo lugar un serio reajuste de esta política económica, que culminó en el Plan de Estabilización de 1959, y del que formó parte una nueva reforma bancaria que quedó, finalmente, fijada en la Ley de Bases de Ordenación del Crédito y la Banca de 14 de abril de 1962. Lo más duradero de esta Ley fue la nacionalización del Banco de España. Una decisión a la que se llegó con el doble objetivo de controlar la creación de dinero y de facilitar la instrumentación de la política monetaria, y que seguía, aunque con retraso, parecidas medidas que se habían ido tomando en el resto de Europa tras el final de la Segunda Guerra Mundial. Asimismo, introdujo medidas tales como los coeficientes de caja, de liquidez o de garantía, o la creación de un depósito obligatorio, aunque no pudo controlar del todo la capacidad que tenían los bancos privados para seguir pignorando automáticamente en el Banco de España la deuda pública que poseían. Asimismo, la citada Ley pretendió impulsar, aunque con poco éxito, la especialización bancaria a través de la distinción entre una banca industrial y otra comercial. También procuró relajar las barreras de entrada en el sector bancario, y se permitió la expansión a través de oficinas. Todo ello, sin embargo, no se tradujo en una trasformación significativa en la estructura del sector: el número de bancos apenas se modificó, y la diversificación financiera continuó siendo inferior a la que reflejaban por entonces los países más desarrollados. La Ley de Bases de 1962 liberalizó parcialmente el sector bancario, pero mantuvo en manos del Estado el poder de decisión sobre la política monetaria (Pons, 2011; Martín Aceña, 2011).

El preludio de lo que fue la crisis económica internacional que se inició en 1973, y que se caracterizó por combinar estancamiento económico y elevada inflación (estanflación), estuvo en el agravamiento de los problemas monetarios en lo que fue la falta de confianza hacia un patrón de cambio dólar que había surgido tras la segunda Guerra Mundial, y que tras las suspensión de la teórica convertibilidad del dólar en oro (1971) dio paso a un periodo de cambios flexibles generalizado de, entonces, incierto porvenir. En España, la coincidencia temporal de la crisis económica internacional y el final del franquismo caracterizó el decenio que dio comienzo en 1975, hilvanando los acontecimientos políticos y los problemas económicos en una trama en muchos aspectos inseparable. Se fue, así, formando un creciente consenso en torno a la idea de que sin un Estado social y democrático de derecho el mercado tendría una eficacia en el desarrollo económico muy reducida. Transición a la democracia y saneamiento económico fueron, pues, dos tareas ineludibles que, añadidas a las repercusiones de la crisis internacional, afectaron muy seriamente a una economía de dimensión modesta como era entonces la española.

El fuerte estancamiento que a partir de 1977 reflejó la evolución del PIB, sobre todo en el sector de la construcción y en un sector industrial poco permeable aún a la innovación tecnológica, arrastró en su caída a una banca privada muy implicada en la financiación de estas actividades. Tampoco favoreció la ausencia de un adecuado marco legal y de un sistema de información que permitiera al Banco de España detectar y vigilar el grado de solvencia de las entidades bancarias. De los 110 bancos que funcionaban en 1977, más de la mitad se vieron en dificultades entre ese año y 1985. Los más afectados fueron, en un primer momento, los de tamaño pequeño; luego, alcanzó a los de mayor dimensión, como el Banco Urquijo, que suspendió pagos en 1981, o Banca Catalana, que hizo lo mismo un año después. Aunque el momento más delicado fue cuando la compañía holding RUMASA, que controlaba 18 bancos, fue nacionalizada por un gobierno socialista que acababa de llegar al poder con una amplia mayoría absoluta. Esta crisis bancaria, donde mejor quedó reflejada su dimensión fue en la acusada caída del peso de los activos bancarios con relación a la Renta Nacional y en el coste que su rescate supuso para el Estado: entre 1,1 y 1,3 billones de pesetas de la época, es decir, una tercera parte de los ingresos totales del Estado en un año (Cuervo, 1987).

Como consecuencia de esta crisis se produjo un intenso proceso de fusiones y absorciones, que se acentúo tras el ingreso de España en la Comunidad Económica Europea (1985), momento en el que los grandes bancos privados se fueron internacionalizando y las cajas de ahorro se fueron asimilando a estas entidades en su normativa y funcionamiento. En 1989 los dos grandes bancos vascos, el Vizcaya y el Bilbao, se unieron, dado paso al Banco Bilbao Vizcaya (BBV). Tras un proceso de fusión que afectó a los bancos oficiales de titularidad pública, se creó Argentaria (1991), que terminó siendo absorbido por BBV en 1999, dando lugar al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA). En 1991, los bancos Central e Hispanoamericano se unieron creando el Banco Central Hispano, que en enero de 1999 entró en la órbita del Banco Santander en la que fue la primera gran fusión bancaria en la Europa del euro, dando lugar a la mayor entidad financiera de España. Antes, en 1994, el Banco gestionado por Emilio Botín había adquirido el Banco Español de Crédito (Banesto), que terminó siendo absorbido en 2013. Al término de todas estas fusiones, la cuota de depósitos que en el año 2000 gestionaban tanto el BBVA como el Banco Santander representaba ya el 56,4% de todo el sector bancario (Martín Aceña, 2013b).

La crisis internacional sistémica, que ha tenido su origen en el ámbito de las finanzas, y que fecha su inicio en Estados Unidos con la quiebra el 15 de septiembre de 2008 de la compañía global de servicios financieros Lehman Brothers, ha afectado muy seriamente en España a su estructura bancaria, que ha llegado a necesitar para su saneamiento y sostenimiento de ayudas públicas y de fondos procedentes de la Unión Europea por una cuantía neta que el Banco de España ha estimado en 65.725 millones de euros. La situación ha obligado a una reforma del régimen jurídico de las cajas de ahorros y ha auspiciado una nueva oleada de fusiones y absorciones que ha dado como resultado un sector más concentrado, con un número reducido de entidades financieras. Actualmente hay operativos 11 bancos privados españoles que, a su vez, han ido reduciendo el número de oficinas y de empleados y desarrollando la banca digital.

La posición de mercado de las cinco grandes entidades españolas (Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia y Sabadell) no ha dejado de aumentar en los últimos años como consecuencia de este proceso de reestructuración y la batería de fusiones provocada por la crisis financiera internacional. En 2007, el volumen de activos controlado por estos bancos marcó mínimos en el 40,4%, para escalar 30 puntos porcentuales a lo largo de la última década. El índice Herfindhal, que mide el grado de concentración en función de las cuotas de mercado de las entidades, se situó en España a finales de 2018 en 1.138. Es la primera vez que se supera el umbral de 1.000 puntos, y supone el nivel más alto de los últimos en 30 años. En economías europeas como Francia o Alemania el valor de este índice se sitúa, respectivamente, entre los 664 y los 245 puntos. La comparación de estas cifras indica que el sector español de banca privada se ha adentrado en un escenario de creciente concentración y de menor competencia interna.

Pero fuera de las redes nacionales del contexto minero, el Banco de Londres, México y Sudamérica realmente circunscribía sus operaciones al marco territorial de la Ciudad de México. De hecho, sus billetes no circulaban más allá de la capital y, una vez restaurada la república y repudiadas las deudas del imperio (notablemente, las contraídas con Inglaterra), fueron oficialmente marginados —en tanto no se usaban para pagar a la burocracia ni se aceptaban para pagar impuestos (pese a que la restauración republicana adoptara en los billetes la omnipresente imagen de Juárez).