Historia de la banca en México, 1821-1915

Los retos financieros de la Independencia.

Una vez suprimido el orden colonial y la estabilidad financiera a él asociado —su captación fiscal eficiente, circuitos de crédito funcionales y moneda fuerte—, las nuevas autoridades afrontaban, en torno a las finanzas del país, al menos tres tareas claves, estrechamente interrelacionadas: reorganizar la hacienda pública, promover condiciones favorables para el crédito y recuperar la confianza del público en el dinero (tanto metálico como fiduciario).

Los primeros experimentos bancarios en México intentaron dar respuesta a esta problemática trina, indisolublemente amalgamada; explicar aquí abstractamente los términos de esta compleja unidad sería ocioso, el recorrido histórico los expondrá. Rogamos paciencia si en un primer momento (antes de la aparición de los bancos) pareciera que dedicamos demasiada atención a temas hacendarios y de deuda.

Del Primer Imperio a la Intervención Francesa (1821-1867)

El movimiento de independencia granjeó muchas simpatías al esgrimir consignas anti-fiscales y denunciando las onerosas exacciones de los realistas. Al configurarse el nuevo gobierno se había vuelto ineludible la reducción de impuestos. Pero la reducción de impuestos trajo aparejada la virtual quiebra del nuevo Estado. Iturbide, emperador de México, pretendió sortear esta debilidad fiscal mediante la emisión de papel moneda; así, en 1822 se decreta la creación de los primeros billetes nacionales (válidos durante 1823).

La proclamación de la república en 1824 no modificó la endeble situación fiscal del Estado. Para hacer frente a su déficit, el gobierno contrató empréstitos extranjeros (principalmente con los ingleses). Pero la crisis europea de 1825-26 conllevó a que se promoviera el endeudamiento interno; aparecen en escena los llamados agiotistas, acreedores del gobierno que cobraban elevadísimas tasas de interés y que especulaban con el desprestigio de los bonos públicos (instrumentos de dinero fiduciario).

Para 1829 las arcas del erario estaban en su punto más bajo. En un intento por contrapesar tan penosa situación, el gobierno de G. Victoria comenzó a acuñar monedas (y ya no desacreditado dinero fiduciario). Pero, como alternativa a la plata (producto irrenunciable de exportación), estas monedas se acuñarían en el poco fiable cobre.

Entre 1830 y 1832, durante la llamada “administración Alamán” (bajo el mando de A. Bustamante), los ingresos fiscales comienzan a crecer como resultado —presumible— de la recuperación económica posbélica en general y de la rehabilitación de impuestos al comercio (y quizá también como reflejo de un proceso inflacionario, potenciado por la acuñación cuprosa).

Estos impuestos debían implementarse procurando no confrontar el ideario liberal de la independencia; así, debían gravar principalmente el comercio exterior (importaciones) alegando proveer protección a los productores nacionales. Con los ingresos generados por las aduanas, el gobierno de Bustamante preveía la creación de un banco para financiar la producción doméstica; la “administración Alamán” tenía intereses en promover la industria y, con tal objetivo, creó el Banco de Avío (1830-1842), auténtica primera banca de fomento.

El Reglamento para el régimen y gobierno interior del Banco de Avío (1830) puede consultarse y descargarse, así como también la monografía clásica de R. Potash La fundación del Banco de Avío, en Carlos Marichal, comp., La economía mexicana siglos xix y xx (Mexico: El Colegio de México, 1992), 37-54.

Para mediados de la década de los treinta el exceso de moneda de cobre se había vuelto intolerable; su circulación representaba una deuda pública excesivamente costosa (en virtud de la proliferada falsificación) y generaba presiones inflacionarias. Para sanear las relaciones entre finanzas públicas y política monetaria era necesario retirar las monedas de cobre de las manos del público. Inicialmente, con esta intención surgió el Banco Nacional de Amortización de la Moneda de Cobre (1835-1842).

En los hechos, este banco no solo no logró cabalmente su cometido oficial, sino que comenzó a extrapolar sus atribuciones para beneficio personal de políticos y agiotistas involucrados en la administración de las rentas del estanco de tabaco y, más generalmente, del dinero público cuya gestión el gobierno había directamente delegado en cuentas del banco o, indirectamente, puesto en manos de sus prestamistas.

Sobre el Banco Nacional de Amortización de la Moneda de Cobre se ofrecen cuatro fuentes originales digitalizadas:

Durante todo este periodo (1824-1864) los créditos habían sido principalmente —con la notable excepción del Banco de Avío— otorgados por particulares. Estos préstamos fueron hechos al estado (por los agiotistas) pero también a agentes productivos privados e, inclusive, a familias relativamente acomodadas que, en su red social, podían posicionarse como sujetos de crédito para el consumo. En general, ante pobres expectativas de estabilidad (agravados durante la guerra con Estados Unidos), los circuitos del dinero se circunscribían a los de las redes de comerciantes y políticos, en un contexto informal de tratos francamente personales o casi personales.

Familias poderosas como la Escandón o Martínez del Río fueron protagonistas de este periodo de la historia financiera de México. También importante fueron las firmas familiares, como la Bermejillo y Compañía, estudiada por Tayra González Orea en Métodos de financiamiento agrícola en México: el caso de la firma bancaria Bermejillo y Compañía, 1848-1860 (ponencia basada en su tesis Redes empresariales y familiares en México: el caso de la familia Bermejillo, 1850-1911, México, 2008).

En México, la creación del primer banco privado de características modernas está relacionada con las expectativas positivas aparejadas por la proclamación del Segundo Imperio y el contexto internacional de expansión económica de la llamada primera globalización. En 1864 surge el Banco de Londres, México y Sudamérica con capitales mayoritariamente ingleses (resultado de las modificaciones legales británicas respecto a los bancos de ultramar) y operando como un banco inglés: priorizando el financiamiento del comercio exterior, el comercio comercial y los créditos de corto plazo (por sobre el financiamiento del gobierno o empréstitos para inversión).

Es muy destacado el hecho de que el banco comenzara a imprimir sus propios billetes, cosa que, ante la ausencia de una legislación al respecto, lo llevó a operar al seno de una experiencia de banca libre (free banking) realmente sui generis. En perspectiva histórica, esta introducción del papel moneda quizá sea el mayor legado del banco.

En cuanto a sus aportaciones financieras, el Banco de Londres dedicó buena parte de sus recursos de giro a la comercialización de la plata; sus inversionistas se apoyaron en el extenso tejido de contactos mercantiles, mineros y políticos que había sido la base de la otrora poderosa firma de Manning y Mackintosh de la ciudad de México.  Siendo corresponsal de la banca Baring de Londres, esta empresa había ejercido un papel importante en la introducción de azogue al país y, a su vez, en la exportación de plata.

Pero fuera de las redes nacionales del contexto minero, el Banco de Londres, México y Sudamérica realmente circunscribía sus operaciones al marco territorial de la Ciudad de México. De hecho, sus billetes no circulaban más allá de la capital y, una vez restaurada la república y repudiadas las deudas del imperio (notablemente, las contraídas con Inglaterra), fueron oficialmente marginados —en tanto no se usaban para pagar a la burocracia ni se aceptaban para pagar impuestos (pese a que la restauración republicana adoptara en los billetes la omnipresente imagen de Juárez).

Durante los primeros años de operación del Banco de Londres, México y Sudamérica (BLM&SA) en el país, imperó un entorno político y social ominoso que poco abonaba a la prosperidad de los negocios. Algunos años después, una vez consumada la restauración republicana, se sentaron las bases de una relativa estabilidad política de forma que el sector bancario comenzó a florecer.

El monopolio del BLM&SA terminaría en 1881, puesto que en ese año las negociaciones entre banqueros foráneos (representados por Edouard Noetzlin) y los representantes del régimen propiciaron el establecimiento el Banco Nacional Mexicano, con el concurso del Banco Franco­Égyptienne, la Société Générale, ambas instituciones de origen parisino, así como un heterogéneo grupo de inversionistas provenientes de los principales centros financieros de Europa.

Posteriormente, se erigieron el Banco Mercantil Mexicano (1882) y el Banco de Empleados (1883), ambos con la potestad de emisión de circulante a nivel nacional. En este periodo ocurren otros acontecimientos relevantes: como la erección del primer banco especializado en crédito a largo plazo (instaurado antes de la regulación de 1884), el Banco Hipotecario Nacional (1883), y la concesión de emisión de circulante al Monte de Piedad.

En Chihuahua, el congreso local otorgó concesiones para múltiples bancos de emisión en las décadas de 1870 y 1880, siendo el Banco de Santa Eulalia el primer banco local tanto en el estado como a nivel nacional, no obstante esta concesión únicamente avalaba sus operaciones en la demarcación del mismo estado.

En la primavera de 1884, con la venia del régimen porfirista, el Banco Mercantil Mexicano y el Banco Nacional Mexicano se fusionan dando origen al Banco Nacional de México, siendo desde su alumbramiento el banco de la Tesorería general. La primera fase en la conformación del sistema bancario mexicano fue operada bajo el amparo del Código de Comercio de 1854, por lo que la regulación fue prácticamente inexistente. En este tenor se emite el Código de Comercio de 1884, donde se sientan las bases de la regulación bancaria. La nueva legislación buscaba poner en orden las prácticas del sector bancario, estipulando el porcentaje de reservas en metálico, así como la transparencia en materia de información financiera. Por otra parte, asignaba al estado un papel rector en la conformación de la estructura de la banca, esto desataría una controversia estridente, puesto que el Código de 1884 pondría en jaque al BLM&SA y, por otra parte, beneficiaría al Banco Nacional de México.

El movimiento revolucionario asestó sendos golpes al sistema bancario, el cual había sido debilitado previamente por las problemáticas económicas acaecidas hacia el final del porfiriato, por lo que algunos bancos cerraron. A pesar de esto, la mayoría se mantuvo en pie y , durante el gobierno de Francisco I. Madero la relación entre la banca y el gobierno no mutó drásticamente, prueba de ello es que Banamex siguió fungiendo como el banco del estado, como lo había sido durante el Porfiriato.

En febrero de 1913 estalló el cuartelazo que acabó con el gobierno y la vida de Francisco I Madero, presidente constitucional de México, y permitió el ascenso al poder de Victoriano Huerta. Ese acontecimiento marco el comienzo del desmoronamiento del sistema bancario porfirista, entonces integrado por 24 bancos de emisión, cinco refaccionarios y tres hipotecarios. Todos habían sufrido del algún modo el impacto en la economía provocado por revolución maderista, que comenzó en 1910 y culminó con la llegada de Madero a la presidencia en noviembre de 1912. Por razones que se desconocen, el banco más afectado fue el  Banco Central Mexicano, el tercero por el tamaño de su capital, que en diciembre de ese año estuvo al borde de la quiebra. En 1913 se produjo una crisis de balanza de pagos y bancaria que comenzó con la huida de capitales tras el cuartelazo y culminó a finales de ese año con un pánico bancario que hizo inevitable el establecimiento del curso forzoso. De nuevo, el banco más afectado fue el  ya debilitado Central Mexicano, que se declaró en suspensión de pagos, con efectos sistémicos por el lugar que tenía en el sistema.

La guerra continuó con gran intensidad en 1914 y en 1915. Se acompañó por una hiperinflación provocada por la enorme cantidad de emisiones de papel moneda revolucionario. En 1914 se produjo el  triunfo de los revolucionarios sobre Huerta, pero en 1915 los ejércitos revolucionarios regresaron a los campos de batalla para enfrentarse entre sí. El triunfo correspondió a los constitucionalistas, encabezados por Venustiano Carranza, permitiendo que retomara el control del poder ejecutivo. El nuevo gobierno impuso el papel moneda revolucionario como medio legal de pago en todo el país. Los bancos dejaron de emitir billetes. En 1916 la inflación continuó tras la tentativa del gobierno de poner en circulación una nueva emisión de billetes “infalsificables”, con la cual pensaba retirar todo el papel moneda revolucionario en circulación. El experimento fracasó, obligando al gobierno a regresar al patrón monetario metálico. A finales de 1916, cuando todo había acabado para el papel moneda, Carranza sentó a los bancos de emisión en el banquillo sobre todo por haber otorgado préstamos al usurpador. Les impuso un Conejo de Incautación y los obligó a operar con las puertas cerradas al público. En esa circunstancia permanecieron del 15 de diciembre de 1916 al 31 de enero de 1921. Los bancos incautados sufrieron, además, la imposición de una serie de préstamos al gobierno que acabaron con sus reservas metálicas. En febrero de 1917 se aprobó la nueva Constitución, con una reforma al artículo 28, que establece la creación de un banco único de emisión, controlado por el gobierno, que sustituiría en esa función a los bancos privados. En los años siguientes se presentaron en el Congreso un número importante de proyectos para crear el banco único de emisión, algunos enviados por Carranza y por Obregón, sin que ninguno de ellos lograra la aprobación de los  legisladores.